La discusión sobre la eficacia de la seguridad nacional y la necesidad de una mejor coordinación estatal ha vuelto al Congreso, impulsando una reforma constitucional crucial. La iniciativa busca dar un giro estructural al manejo de la seguridad, estableciendo un órgano permanente de coordinación estratégica del Estado, lo que representa un cambio significativo desde el modelo asesor del COSENA.
El proyecto propone la creación del Consejo Nacional de Conducción Estratégica del Estado. Esta instancia está destinada a articular la acción estatal en materia de seguridad, defensa y política exterior, bajo la conducción directa del Presidente de la República. El objetivo central es modernizar la respuesta del Estado ante las amenazas complejas de la actualidad.
El diagnóstico que sustenta esta reforma subraya la naturaleza de los riesgos, que se presentan como fenómenos interconectados y de alcance transversal. Este nuevo consejo, a diferencia del sistema previo, tendrá un rol operativo y continuo, siendo esencial para la coordinación interinstitucional en la definición de prioridades estratégicas y el seguimiento de políticas públicas en seguridad.
Las atribuciones del Consejo Nacional de Conducción Estratégica del Estado incluyen la evaluación constante de riesgos y asegurar la articulación de todos los órganos del Estado. El texto contempla la ampliación de la integración del COSENA, incorporando actores clave para mejorar la coordinación operativa en respuesta al creciente desafío del crimen organizado.
El proyecto establece una arquitectura dual para la seguridad nacional: el COSENA se mantiene como instancia de asesoría superior, mientras que el Consejo Nacional de Conducción Estratégica del Estado operará como el órgano permanente de conducción estratégica. Esta separación busca cerrar la brecha histórica entre la reflexión estratégica y la ejecución coordinada de las acciones del Estado.
Esta reforma es impulsada por senadores que buscan instalar un centro de gravedad en la conducción del Estado. Si bien mejora la respuesta frente a amenazas complejas, el debate se centra en la concentración de atribuciones en el Ejecutivo y la necesidad de establecer contrapesos claros en la futura ley orgánica constitucional que regule el nuevo consejo.
En conclusión, la propuesta constitucional transforma el manejo reactivo de la seguridad en un sistema de conducción estratégica permanente. Busca que el Estado chileno esté mejor preparado para enfrentar no solo amenazas internas como el crimen organizado, sino también cualquier desafío complejo que requiera una acción estatal integral.
