La senadora Daniella Cicardini, junto a los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana del Partido Socialista (PS), presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República. La petición exige verificar si las autoridades gubernamentales cumplieron con la obligación legal de someterse a un test de drogas al asumir sus cargos. Este requisito se fundamenta en el artículo 110 de la Ley N° 21.806, que establece la realización de un examen con muestra de pelo y la publicación de resultados.
Cicardini enfatizó que la transparencia es un principio esencial para la administración pública. Recordó que la norma busca elevar los estándares de probidad y claridad en las altas esferas del Estado. Santana añadió que no hay lugar para ambigüedades ni para omisiones administrativas, ya que la ley es explícita al exigir tanto la realización del test como la divulgación de sus resultados.
Ambos legisladores insistieron en que el Ejecutivo debe justificar, si no actuó, la falta de cumplimiento o explicar las razones detrás de la ausencia de datos. La Contraloría está en la obligación de emitir una opinión sobre si se respetó la normativa o si hubo incumplimientos, garantizando así la rendición de cuentas en el ámbito público.
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