La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia anunció el miércoles 1 de abril de 2026 la terminación anticipada de los contratos de varios altos funcionarios vinculados al Plan Nacional de Búsqueda. Entre ellos se encuentra Paulina Zamorano, exjefa del programa, quien manifestó su inquietud por la decisión, señalando que podría obstaculizar la labor de esclarecimiento de casos de personas desaparecidas.
El decreto, firmado por el ministro Fernando Rabat, justificó la decisión basándose en la supuesta falta de aptitudes de Zamorano para liderar el programa en su nueva etapa. Entre los criterios mencionados se citan habilidades de liderazgo, comunicación y confianza mutua con el subsecretario Pablo Mira. Sin embargo, la exjefa cuestionó esta evaluación, recordando su experiencia en coordinaciones interinstitucionales y su participación en la creación del programa.
Zamorano recalcó que su trayectoria incluye cargos públicos previos a la creación de la Subsecretaría, lo que refuerza su experiencia en la materia. Además, señaló que otros integrantes del equipo accedieron a sus puestos mediante procesos competitivos, cuestionando la naturaleza exclusivamente política de la decisión.
El Ministerio de Justicia reiteró su compromiso con la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda y los derechos humanos, pese a las críticas internas. Fuentes cercanas al proceso, sin embargo, cuestionaron la falta de claridad en los fundamentos del decreto, destacando la ausencia de un diálogo previo con los funcionarios afectados.
El programa, oficializado en agosto de 2023, aborda casos vinculados a la dictadura y participa en más de 430 causas judiciales. Su reactivación bajo la actual administración marca un giro en la gestión de la Subsecretaría, con implicaciones directas en la labor de justicia transicional.
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