Tras el trágico suceso en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta, el Gobierno anunció un conjunto de acciones inmediatas. Entre ellas, se incluye la aceleración del despliegue de sistemas de detección de metales en centros educativos, condicionado al inicio de vigencia de la Ley de Convivencia Escolar. La titular de Educación, María Paz Arzola, confirmó que su equipo ya elabora el marco normativo y guías operativas para facilitar una implementación ágil. Asimismo, anunció planes para incorporar protocolos adicionales que refuercen la protección en los recintos escolares.
El senador independiente Karim Bianchi criticó la medida, calificándola de improvisada y argumentando que la violencia escolar requiere transformaciones profundas en la gestión institucional, el fortalecimiento de la autoridad y la atención psicosocial. En contraste, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, respaldó la iniciativa, insistiendo en que todas las acciones necesarias deben priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias.
Finalmente, el Colegio de Profesoras y Profesores convocó a manifestaciones pacíficas en todo el país durante los días lunes y martes, en respuesta al asesinato de una inspectora en Calama.
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