La instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui, responsable de la educación en La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano, se caracterizó por nombramientos a contrata que aseguran cargos y salarios hasta diciembre de 2026, algunos superando los $2 millones mensuales y alcanzando hasta $4 millones.
Un incidente que causó mayor controversia ocurrió al día siguiente del cambio de mando presidencial. Allí, el periodista del servicio, Carlos Cerda, publicó una publicación en redes sociales en la que aparece levantando el puño frente a un retrato del presidente Gabriel Boric. La publicación, que decía “Unidad, unidad y unidad. Señoras y señores, declaro iniciada la era de la resistencia”, fue difundida aparentemente desde una oficina, lo que generó cuestionamientos sobre la neutralidad política esperada de funcionarios públicos, especialmente en horario laboral.
La abogada y magíster en Derecho Público María José Lira, especialista en derecho administrativo, explica que en la administración pública chilena, muchos cargos se desempeñan bajo la modalidad a contrata, lo que permite a los servicios nombrar funcionarios sin celebrar concursos públicos obligatorios. “Cuando hablamos de funcionarios contratados bajo la modalidad de contrata, la ley no exige que sea mediante concurso público. En general, son cargos designados directamente, sin perjuicio de que el servicio, por transparencia o buenas prácticas, decida llenarlos mediante concursos”, señala Lira.
Aunque los contratos estén extendidos hasta diciembre de 2026, no significa que los funcionarios sean inamovibles. “La mayoría fue renovada por todo el 2026, pero es posible poner término anticipado. Sin embargo, esa decisión debe estar muy fundamentada, porque si no se cumple un estándar objetivo, el funcionario podría volver al servicio o el Estado terminaría pagando igualmente sus remuneraciones”, advierte Lira.
El caso vuelve a poner en el centro del debate recurrente en la administración pública: la delgada línea entre confianza política y profesionalización del Estado. Para Lira, tener una postura política no constituye un impedimento para trabajar en el sector público. “Todo funcionario público, incluido el Presidente de la República, tiene una postura política y eso no constituye una inhabilidad para trabajar en la administración del Estado, mientras esas actividades se realicen fuera del horario laboral y sin utilizar recursos públicos”, explica.
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