La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, formalizó investigación en contra de tres abogados/as y un funcionario judicial detenidos en el marco de una investigación por delitos de asociación criminal y otros vinculados al sistema de administración de justicia penal en dicha ciudad.
Se trata de las abogadas de libre ejercicio de la profesión, Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara; del exdefensor penal público jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado (esposo de Susana Cortés) y del funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes.
La Fiscal Regional informó que los tres abogados/as fueron formalizados por asociación criminal, lavado de activos, acceso indebido a sistemas informáticos y sobornos. Susana Cortés y Andrea Romero, además, por tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la investigación y prevaricación del abogado. A Patricio Gutiérrez se le suma también el delito de revelación de secretos, y Nelson Sáez fue formalizado por el delito de cohecho reiterado.
La Fiscal Regional Nayalet Mansilla precisó que en el caso de la asociación criminal, las abogadas imputadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, que fallaba en favor de sus intereses.
También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía que favorecieron a sus esposas en las defensas de sus clientes.
Tanto la magistrada como el fiscal imputados en esta causa no fueron formalizados en esta oportunidad, pues para pedirles medidas cautelares es necesario que la I. Corte de Apelaciones de Concepción apruebe una querella de capítulos en su contra.
En la formalización, la Fiscal Regional expuso también que ambas abogadas eliminaron medios de prueba, advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones delictivas.
Por resolución de la magistrada Claudia Aguilera, la audiencia de esta jornada continuará mañana con la solicitud de medidas cautelares en contra de los imputados y las réplicas de sus defensas.
