La ofensiva final del Ejecutivo para aprobar el proyecto de Sala Cuna con directos emplazamientos al Congreso abrió un nuevo flanco político con la oposición. Iván Moreira (UDI) negó tajantemente que existan acuerdos, reiterados por el presidente Gabriel Boric, y afirmó que la iniciativa debe discutirse en el próximo gobierno de José Antonio Kast.
“Este es un proyecto tremendamente importante, pero lo que corresponde a días del cambio de mando es que se vea en el próximo gobierno”, sostuvo Moreira, descartando cualquier consenso y cuestionando el diseño actual de la propuesta. Según el senador, Sala Cuna “no está financiada”, requiere “rectificaciones y correcciones” y podría terminar afectando a las pymes “con un verdadero impuesto”, en un contexto donde —aseguró— deberían ser fortalecidas y apoyadas.
En una semana clave para el Gobierno en el Congreso, Iván Moreira se refirió al proyecto Sala Cuna y desmintió al Ejecutivo en relación a los acuerdos técnicos que existirían en torno a la iniciativa: “No hay ningún acuerdo como se ha dicho públicamente. No se ha consensuado”, remarcó, cerrando la puerta a una votación en el actual período y alineando el debate con el próximo ciclo político.
En ese marco, recordó que la génesis del proyecto se remonta al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, reforzando la idea de que su definición debería quedar en manos de la siguiente administración que liderará José Antonio Kast.
Desde Juan Fernández, el presidente Boric insistió esta mañana en su llamado a aprobar la iniciativa, “por las mujeres, por los niños y niñas de Chile”. Además, hizo un llamado directo al Parlamento y, en particular, a la oposición, señalando que existen acuerdos técnicos suficientes para avanzar y pidió no “partir de cero”: “Tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque hay acuerdo respecto a los aspectos técnicos. Saquemos el proyecto esta semana para Chile. Se puede, depende de la voluntad política”, dijo.
El cruce expone una tensión de fondo en la recta final del mandato: mientras La Moneda busca cerrar una de sus banderas sociales, la oposición endurece su postura y traslada el debate a la próxima administración, reconfigurando el destino del proyecto.
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