La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Municipalidad de El Quisco instruir un sumario administrativo tras confirmar irregularidades en el proceso de licitación y ejecución del evento de Año Nuevo 2025. La investigación se centró en el contrato adjudicado a la productora Krima Eventos por un monto total de $61 millones, en el que se detectaron vulneraciones a los principios de eficiencia y eficacia en el uso de recursos fiscales.
El pronunciamiento del organismo surge a partir de una denuncia que alertó sobre incumplimientos en las bases administrativas, falta de transparencia en la entrega de información contractual y la ausencia de registros audiovisuales del servicio prestado. El informe de Contraloría es categórico respecto a los plazos: el proceso no se desarrolló con la debida anticipación, ya que las bases fueron aprobadas a inicios de diciembre de 2024 y la adjudicación se concretó recién el 18 de ese mes, apenas 13 días antes de la celebración.
Asimismo, la CGR observó anomalías en la ejecución del contrato, tales como la subcontratación no autorizada de una banda musical sin la venia formal exigida en las bases, además de la condonación de sanciones por parte del municipio. Sobre este último punto, el ente fiscalizador cuestionó que, si bien la administración notificó inicialmente una multa a la productora por incumplimientos, esta finalmente no se ejecutó tras aceptar los descargos de la empresa (que alegó falta de tiempo por la proximidad de la firma); una decisión objetada por Contraloría al recordar que los procesos deben ejecutarse con “estricta sujeción a las bases”.
Al interior del municipio, la resolución de Contraloría valida las advertencias realizadas durante la votación del contrato. El concejal Alexis Muñoz, quien remitió antecedentes al organismo fiscalizador, explicó que el dictamen confirma que no se trató de un mero error de forma. “El pronunciamiento formal observa este proceso no como una diferencia administrativa menor, sino por deficiencias relevantes en su planificación, ejecución y respaldo administrativo”, sostuvo Muñoz.
Según la información que se entregó, la gravedad radica en que la falta de actos administrativos oportunos vulnera la legalidad del gasto: “Los recursos municipales son públicos y su uso exige planificación, transparencia y apego estricto a la normativa vigente. Si se confirman responsabilidades, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley”, afirmó.
Mientras la administración municipal deberá iniciar el sumario para determinar las responsabilidades funcionarias, el foco de la fiscalización se mantiene en el respaldo financiero de la operación. “Lo fundamental es transparentar completamente los antecedentes y aclarar qué servicios se prestaron efectivamente”, agregaron desde la concejalía, enfatizando que aunque la fiscalización tome tiempo, su objetivo es “resguardar el correcto uso de los recursos públicos” y evitar que se normalicen prácticas contrarias a la probidad administrativa.
