La Sala del Senado inició la discusión del proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad mediante reclusión domiciliaria total, es decir, en sus casas. Este debate político se marcó por las cifras presentadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Según destaca la web del Senado, durante su intervención, el secretario de Estado manifestó el rechazo del Ejecutivo a la iniciativa y advirtió que, si se aprobara en los términos actuales, podría beneficiar a un total de 735 personas condenadas, incluyendo 370 sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.
Gajardo detalló que otros 365 potenciales beneficiarios corresponden a condenados por delitos comunes. De estos, 192 cumplen penas por abusos sexuales, 155 por violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio. A juicio del ministro, estas cifras evidencian el impacto que tendría el proyecto.
El proyecto, que surgió de una moción de senadores de Chile Vamos, busca establecer un régimen excepcional para que internos con enfermedades graves o que hayan alcanzado cierta edad puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total. En el caso de los adultos mayores, la propuesta considera a hombres desde los 70 años y mujeres desde los 65, siempre que la suma de su edad y los años efectivamente cumplidos en prisión alcance los 80 años.
Gajardo sostuvo que la iniciativa presenta “falencias técnicas y jurídicas”, además de una “tensión evidente” con los compromisos internacionales de Chile. Señaló que podría contravenir el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a sanciones por crímenes de lesa humanidad.
Pese a los reparos del Ejecutivo y de un grupo mayoritario de senadores que se manifestaron en contra, la Sala dio curso al primer debate de la iniciativa. Una solicitud para que el proyecto fuera revisado por la Comisión de Constitución fue rechazada por 24 votos en contra y 21 a favor.
Una segunda discusión quedó supeditada a lo que definan los comités parlamentarios, dado que la propuesta no cuenta con urgencia legislativa. La discusión se extendió más de dos horas y dejó en evidencia la profunda división en torno a una iniciativa que, según sus impulsores, busca humanizar el cumplimiento de las penas, pero para sus detractores abre la puerta a beneficios para condenados por los delitos más graves contemplados en la legislación chilena.
