Este martes, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público. El documento, que abarca 167 páginas, propone un aumento general en las remuneraciones para funcionarios, bonos y aguinaldos, además de modificaciones a “diversos cuerpos legales”.
Las negociaciones con la mesa del sector público —compuesta por gremios como la CUT y Anef— se centraron en una estrategia gradual y diferenciada. Se acordó un reajuste total del 3,4%, dividido (2,0% para diciembre de 2025 y 1,4% para junio de 2026), lo que equivale a un promedio del 2,8%. Este enfoque busca equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal.
El proyecto otorga un reajuste superior al 5% para remuneraciones mínimas y bonos de trabajadores de menores ingresos. Esta medida refuerza el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de sectores más vulnerables.
