Se profundizan los roces entre el Gobierno saliente de Gabriel Boric y el entrante de José Antonio Kast, cuyos principales puntos de conflicto giran en torno al reajuste del sector público. Este tema ha sido anunciado hace dos semanas pero aún no se ha presentado ante el Congreso.
Desde la denominada “La Moneda chica”, Claudio Alvarado, encargado del traspaso de mando a Kast, subió el tono de las críticas al texto que contiene potenciales “amarres” para evitar despidos. Este lunes, Hacienda entregó detalles técnicos a los asesores de la oposición, incluyendo nuevos cargos de planta y cambios en políticas laborales en áreas como la Dirección General de Obras Públicas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Gobierno Interior y el Ministerio de Vivienda. Además, se incorporaron artículos misceláneos, tales como ampliar el giro de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al hidrógeno verde y de Correos de Chile a la actividad de la logística.
Alvarado expresó que lamenta profundamente que un gobierno en salida trate de introducir artículos irrelevantes a través de una ley de reajuste. Añadió que es particularmente inaceptable que pretenda que sus militantes permanezcan en cargos de confianza política.
Futuros ministros del Interior indicaron que es legítimo contar con personas de confianza, pero no lo es que un Gobierno intente por ley asegurar que estas personas sigan siendo de confianza en el futuro.
El contenido total del proyecto, hasta ahora inédito, cayó como una sorpresa entre las filas de la oposición. Los diputados de la comisión de Hacienda iban a recibir un informe financiero pero se vieron confrontados con normas misceláneas que desconcertaron a los asistentes.
Diputados y senadores expresaron su preocupación por temas como las licencias médicas, el giro de empresas estatales, la administración de 40 horas y el teletrabajo. Algunos incluso propusieron separar el proyecto en dos partes para permitir una discusión más profunda.
El presidente de la comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC), rechazó las acusaciones de “amarres” y argumentó que el texto no impide despedidos sino solo exige justificación. A pesar de esto, se prevé una reunión entre miembros oficialistas y de oposición para intentar aclarar los puntos en controversia antes del ingreso del proyecto al Congreso.
