La ley de amarre, incluida en el protocolo entre el Gobierno y la ANEF, sigue causando tensión en el oficialismo. Presentada como medida para evitar despidos discrecionales, ha generado cuestionamientos por falta de diálogo previo y por su impacto sobre la autonomía futura del gobierno.
Desde el PPD, Raúl Soto, jefe de la bancada de diputados, señaló que la propuesta debió ser discutida con los partidos oficialistas antes. Aseguró que la falta de comunicación con las bancadas permite revisar y ajustar la norma.
En el Partido Socialista, Juan Luis Castro, jefe de la bancada del PS, cuestionó la forma de incorporación. Aseguró que la ley debe limitarse a su objetivo principal, evitando modificaciones indirectas al estatuto administrativo. Alertó sobre el riesgo de judicialización en el sector público.
Con la oposición rechazando y siendo mayoría en el Senado, el escenario para esta ley es incierto. La falta de alineamiento interno en el oficialismo aumenta las probabilidades de que la norma no prospere.
