Gendarmería presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar amenazas contra personal de la ex Penitenciaría de Santiago. La intimidación se realizó mediante el envío de dos coronas de flores al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, destinadas al “Mayor Muñoz” y al “Capitán Estrada“. Pilar Lizana, investigadora en crimen organizado y seguridad, explicó que estas acciones ocurren en un contexto donde el Estado no necesariamente demuestra tener el control.
Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, afirmó que las advertencias de los internos al personal penitenciario son habituales, aunque considera que han mutado a nuevas formas de manifestación. Alveal recalcó que el Ministerio Público debe actuar con celeridad en las investigaciones para tomar medidas rápidas y evitar que los procesos sigan dilatándose.
Gendarmería activó de inmediato los protocolos de seguridad internos y externos. Esto incluyó un registro y allanamiento en dos módulos específicos, junto con otras diligencias investigativas. Posteriormente, la institución analizará los antecedentes con la Oficina de Defensa Funcionaria para determinar e iniciar las acciones legales pertinentes.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) rechazó las nuevas amenazas de muerte contra dos oficiales del CDP Santiago Sur, señalando que este tipo de amedrentamientos se ha vuelto habitual en el crimen organizado. La asociación coincidió con un procedimiento realizado en la ex Penitenciaría.
Según la ANOP, con información preliminar, la amenaza pudo ser coordinada desde el interior con disipadores telefónicos, lo que daría cuenta “de que el sistema de inhibición de celulares presenta graves falencias“. La asociación cuestionó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, acusando “ausencia y despreocupación total“.
Se encuentra desconectado de la realidad que se vive a diario en las cárceles del país y, en especial, de las condiciones en que los y las Oficiales Penitenciarios deben ejercer el mando. No existiendo ninguna iniciativa que brinde una mínima protección y seguridad para la Oficialidad y sus familias.
Además, señalan que no resultan suficientes los anuncios de querellas y la activación de “protocolos”. Estos últimos no existirían y serían solo medidas comunicacionales, sin protección efectiva a los oficiales y sus familias. También apuntan al presidente Gabriel Boric, señalando falta de apoyo, ya que le habrían enviado oficios “informando la realidad del sistema penitenciario, la crisis de hacinamiento, la falta de personal y el aumento de los riesgos“.
A esto le suman que, en la ley de presupuesto para el año 2026, se habrían disminuido en un 55% los recursos.
