Un nuevo episodio de controversia política se registró esta semana, luego de que el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, presentara una denuncia ante la Contraloría General de la República por un presunto caso de intervencionismo electoral ocurrido en la Municipalidad de Renca.
El hecho denunciado habría tenido lugar el martes 28 de octubre durante una reunión mensual de clubes de adultos mayores desarrollada en el Salón Rayún, ubicado en la Avenida Domingo Santa María 3987. En el encuentro, un orador que participaba en representación de autoridades gubernamentales se refirió al futuro de la Pensión Garantizada Universal (PGU), afirmando que el beneficio podría perderse “si otra persona llegara a ser Presidenta o Presidente”, lo que a juicio del diputado Meza constituiría un intento de influir políticamente en los asistentes.
“Lamentablemente, vecina, yo le tengo que contar que en la eventualidad de que otra persona estuviese de Presidenta o Presidente, esa persona puede quitar la PGU. (…) Estos avances y mejoras deben defenderse”, habría señalado el expositor, según el registro difundido por el parlamentario.
Según Meza, en la actividad también estuvieron presentes el Subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, y el Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quienes intervinieron antes del mencionado orador. Al respecto, el diputado republicano acusó que lo ocurrido constituye un uso indebido de recursos públicos y una vulneración del principio de prescindencia política que rige a los funcionarios del Estado.
“Nos hemos enterado, a través de un video, de cómo funcionarios del gobierno, particularmente de Previsión Social, están haciendo un grosero intervencionismo político en esta elección. Se les dijo a los adultos mayores que dependiendo de qué presidente ganara podían o no perder su pensión garantizada universal. Esto es una mentira grosera financiada con recursos públicos”, declaró el legislador republicano.
En la denuncia formal ingresada a Contraloría, Meza argumentó que los hechos infringirían lo dispuesto en los artículos 19 y 62 N° 4 de la Ley N° 18.575, que prohíben expresamente a los funcionarios públicos realizar actividades políticas durante su jornada laboral o en dependencias estatales.
“Lo peor de todo es que se hace en horario de trabajo, en una dependencia municipal, con recursos públicos y a través de mentiras. No lo vamos a tolerar”, concluyó el diputado.
Hasta el cierre de esta nota, ni la Municipalidad de Renca ni los subsecretarios aludidos se han referido a la denuncia presentada por supuesto intervencionismo. Desde Contraloría, en tanto, se espera que se determine si los antecedentes ameritan una investigación formal.
