A pocas semanas de la elección presidencial, candidatos a la presidencia se han referido al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. En particular, durante el debate ARCHI de este martes, la candidata Evelyn Matthei reafirmó sus dichos anteriores, señalando que el plan “no es búsqueda, es venganza”. Johannes Kaiser, por su parte, ha cuestionado el rol del Servicio Médico Legal en la materia, calificándolo como una “estafa”.
Desde el Gobierno han respondido a estos cuestionamientos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que “el Plan Nacional de Búsqueda es todo lo contrario a la venganza, es hacer justicia”. Este plan oficializó su implementación mediante decreto en agosto de 2023, publicado en el Diario Oficial el 10 de noviembre del mismo año. Su objetivo principal es esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada.
Según cifras oficiales, durante la dictadura hubo 1.469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada; solo 307 han sido ubicadas y sus restos entregados a familiares. Tras el retorno a la democracia, la respuesta estatal se concentró en mecanismos coyunturales o procesos judiciales centrados principalmente en la persecución penal. No existía una política que articulara y centralizara los procesos de búsqueda.
La principal novedad del Gobierno radica en el establecimiento de la búsqueda como una política pública sistemática, centralizada y permanente. La operación del PNB involucra a varias instancias estatales. Su órgano ejecutivo es el Programa de Derechos Humanos (PDH), dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Este programa tiene como misión buscar a las víctimas de desaparición forzada, promoviendo acciones para determinar su paradero y circunstancias de desaparición o muerte. También se creó un Comité de Seguimiento y Participación, compuesto por agrupaciones de familiares, académicos, organizaciones de derechos humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Para el año 2025, el monto asignado para el Programa de Derechos Humanos fue $1.706.148.000; según Emol, el monto vigente sería de $1.914.812. El documento establece que la Subsecretaría de Derechos Humanos debe informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y mensualmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.
El PNB se estructura en torno a tres objetivos específicos: esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte, garantizar el acceso a información y participación, e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición. Estos objetivos orientan sus metas y acciones para promover la memoria, brindar atención integral (biopsicosocial) a familiares y desarrollar medidas de sensibilización sobre la desaparición forzada.
