El panorama habitacional en Chile enfrenta desafíos significativos, particularmente con la presencia de tomas ampliamente habitadas. La gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para resolver estas situaciones a través del Programa de Emergencia Habitacional ha sido compleja. Según cifras de Techo, aún existen aproximadamente 120 mil familias en unos 1.428 campamentos.
Para abordar esta situación, la consultora inmobiliaria Colliers realizó un análisis detallado del costo necesario para adquirir todos estos terrenos. Según sus estimaciones, el Estado debería desembolsar alrededor de US$1.600 millones para comprar los campamentos existentes en todo Chile.
El informe destaca la diversidad de los terrenos ocupados. Algunos poseen buena normativa urbana, lo que aumenta su valor de mercado; otros están ubicados en áreas rurales con escaso potencial de desarrollo. Asimismo, algunos espacios se encuentran en zonas de riesgo, donde la única solución es la reubicación.
Matías Bucci, subgerente del Área de Estudios de Colliers, señaló que el suelo en muchos casos posee un alto valor estratégico, ya sea por su potencial habitacional o industrial. Esto representa una oportunidad para el desarrollo urbano ordenado y eficiente.
El 80% de los campamentos se concentran en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Bío Bío, la Metropolitana y Valparaíso, donde esta última aglutina un 25% del total. En comparación con las 6.400 hectáreas que contienen campamentos, se estima que solo alrededor de 3.200 hectáreas podrían reubicar a cientos de miles de familias.
Desde una perspectiva de planificación responsable, Bucci afirmó que reubicar a las 120 mil familias en viviendas de estándar Serviu, dentro de proyectos urbanizados adecuadamente, permitiría utilizar al menos la mitad del área actualmente ocupada por campamentos. Si se aplican criterios de densificación adecuados, esta cifra podría reducirse aún más.
Este proceso no solo optimiza el uso del suelo, sino que también permite liberar terrenos de alto valor para otros fines productivos o habitacionales.
Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, subrayó la importancia de establecer criterios claros y justos en cuanto al acceso a vivienda. Muchas familias han esperado pacientemente en los registros oficiales sin recurrir a la ocupación ilegal de terrenos, por lo que el Estado debería otorgarles prioridad en el acceso a soluciones habitacionales, reconociendo su compromiso con el orden y la legalidad.
