En medio del proceso de evaluación ambiental del proyecto de la desaladora de Coquimbo, que contempla la construcción y operación de una planta desaladora con 22,5 hectáreas y obras complementarias, se ha emitido un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones (Icsara) por parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Este documento incluye observaciones que fueron respondidas en agosto de 2025 mediante una Adenda.
Las aclaraciones y rectificaciones presentadas implican cambios sustanciales en los impactos del proyecto, destacándose la pérdida de especies vegetales nativas como Adesmia littoralis y Alstroemeria magnífica, catalogados como impactos significativos. Asimismo, se identificó afectación a actividades y manifestaciones culturales de comunidades indígenas en la zona de la ensenada de El Panul.
Según la normativa vigente, cuando un proyecto presenta modificaciones de este tipo, es obligatorio abrir una nueva fase de participación ciudadana para que la comunidad pueda conocer los cambios y expresar sus observaciones. Este proceso se extenderá por 30 días, comenzando a contarse desde la publicación de un extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional o nacional.
Durante este período, se suspenderá automáticamente la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de la desaladora. La resolución fue firmada por el director regional del SEA, Erwin Gajardo Pizarro, quien destacó que esta medida busca reforzar la transparencia y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en decisiones que puedan tener un impacto significativo en su entorno.
La participación ciudadana es un pilar fundamental de la evaluación ambiental, ya que permite que las comunidades directamente afectadas puedan incidir en el proceso con información relevante y sus propias percepciones. Con esta determinación, el SEA subraya que los grandes proyectos de infraestructura deben incorporar la visión de las comunidades que serán parte de su área de influencia.
Se espera que en los próximos días se concrete la publicación del extracto que dará inicio formal a esta nueva etapa de diálogo y consulta pública. Al respecto, el senador Matías Walker cuestionó la oportunidad de esta nueva participación ciudadana y por qué no calzó con la prórroga de la licitación propiamente tal.
El diputado Víctor Pino expresó su preocupación sobre la posibilidad que esta resolución emitida hace pocos días por el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo genere incertidumbre en la ciudadanía e inversionistas. Recordó la sequía persistente y la importancia del proyecto para la región.
Por su parte, Pino aseguró que es fundamental realizar esta consulta ciudadana a la brevedad posible, sin afectar el proceso de licitación por parte de la Dirección General de Concesiones. Esperan que este paso se acelere para que el proyecto pueda seguir avanzando según los planes establecidos.
