La Defensoría de la Niñez manifiesta su “profunda preocupación” por el proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente, señalando sus eventuales consecuencias negativas en los procesos de reinserción social. La entidad alerta sobre la limitada efectividad del proyecto para reducir comportamientos delictivos y proteger a las víctimas.
Los análisis técnicos del organismo, basados en estándares internacionales de derechos humanos, concluyen que el proyecto no es efectivo para solucionar problemas fundamentales en materia de seguridad pública. La Defensoría insiste en la necesidad de avanzar en políticas públicas basadas en evidencia y que promuevan soluciones estructurales.
Uno de los aspectos críticos identificados por la entidad relaciona el aumento de delitos cometidos por adolescentes con el crimen organizado. Según datos del Ministerio Público, muchos adolescentes son captados por bandas criminales integradas por adultos.
Para garantizar justicia efectiva a las víctimas, la Defensoría de la Niñez afirma que es indispensable abordar los nudos críticos de la investigación penal. El organismo ha observado en el caso de adolescentes una disminución en sentencias condenatorias y una alta proporción de causas archivadas provisionalmente.
La institución sostiene que para evitar impunidad, se requiere fortalecer los procesos investigativos que permitan identificar a los infractores y asegurar el cumplimiento de las sanciones. Este punto es fundamental para una respuesta efectiva.
Respecto a la reinserción social, eje central del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Defensoría afirmó que el proyecto no omite las acciones encaminadas a su implementación, sino que contradice su objetivo. Pone como ejemplo que el aumento de penas para delitos graves de 8 a 10 años no modifica el escenario actual.
“El aumento de penas puede consolidar trayectorias delictivas”, advierte la institución. Enfrentar esta problemática exige reconocer las trayectorias de vida de los adolescentes que han cometido delitos.
Un estudio del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica y UNICEF (2023) evidencia que quienes han cometido delitos provienen mayoritariamente de contextos de inestabilidad familiar. El 70% sufrió separación o ausencia parental, y un 48% fue testigo o víctima de violencia intrafamiliar.
Estas personas también enfrentan interrupciones educativas, delincuencia intergeneracional y precariedad material. El 45% convivió con personas privadas de libertad y muchas estuvieron expuestas al consumo problemático en el entorno familiar.
“Estas condiciones impactan directamente en su desarrollo emocional, vinculación social y percepción de la violencia”, indica la Defensoría. La revisión de evidencia internacional realizada por el organismo no respalda el aumento de penas como medida efectiva para reducir la comisión de delitos.
Para la Defensoría de la Niñez, no es posible avanzar en soluciones sin fortalecer la política social dirigida a la preadolescencia y adolescencia. En esa línea, resulta prioritario ampliar la cobertura del programa Chile Crece Contigo más allá de los 9 años, tal como lo establece el artículo 85 de la Ley de Garantías.
Iniciativas como el fortalecimiento del programa Lazos en todas las comunas del país o la creación de escuelas de reingreso con acompañamiento psicosocial han demostrado ser efectivas y deben ser parte de la respuesta estatal, según el organismo.
Finalmente, la Defensoría de la Niñez hace un llamado a las y los parlamentarios a abordar el fenómeno delictivo adolescente con una mirada integral. Solicita que se consideren sus causas estructurales y no se limite solo a respuestas punitivas.
Es urgente perseguir y sancionar al crimen organizado que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes, y evaluar junto al Ministerio Público las mejores estrategias para fortalecer la investigación penal. Concluye la institución.
