La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 115 votos a favor y 17 abstenciones la iniciativa que establece test de drogas obligatorios para autoridades y candidatos en todas las reparticiones del Estado. El proyecto busca que parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, alcaldes e incluso el Presidente de la República realicen un test al menos una vez al año durante el ejercicio de sus cargos.
El test se realizaría por un laboratorio autorizado del Ministerio de Salud, conforme a estándares internacionales y basado en una muestra de cabello. Tras meses de discusión y dilación, la iniciativa irá al Senado después de pasar por un segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior que ya había realizado cuestionamientos a su contenido.
En la votación, si bien nadie estuvo en contra, las abstenciones correspondieron principalmente a parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista. Antes de la votación, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, acusó que el proyecto se votó hoy, y no antes, porque existe un punto en que se obliga a quienes se inscriben como candidatos a presentar una declaración jurada de que no consumen drogas. “No es casualidad que el Gobierno hiciera todo lo posible por demorar este proyecto”, acusó.
Desde el oficialismo accedieron a apoyar la iniciativa, pero recalcaron en que no resolverá el problema de fondo: el narcotráfico. En esa línea, el diputado Diego Ibáñez (FA) apuntó: “Si le hubiésemos hecho un test de drogas a Pablo Escobar sale negativo. (…) Vamos a apoyar el proyecto, estamos de acuerdo, pero no argumentemos que esto va a terminar con el narcotráfico, porque eso es ridículo”.
Por su parte, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, al igual que algunos de sus pares de centro-derecha, planteó que puede que no sea una gran solución, pero es un gesto necesario para darle garantía de transparencia a la ciudadanía. “Al menos le da una tranquilidad a los ciudadanos que quienes estamos en posiciones de poder no tenemos relaciones con la droga”, afirmó.
Pese a la votación, la discusión por detectar vínculos con el narco continúa. Esto porque el oficialismo insiste en el levantamiento bancario por vía administrativa, argumentando que la facultad que actualmente tiene la Justicia es muy engorrosa. “Este congreso tiene la obligación de levantar todas las barreras para impedir que su influencia (del narco) se instale en el corazón del Estado”, postuló el diputado Marcos Ilabaca (PS).
