La Fiscalía Centro Norte está a un paso de presentar una acusación formal contra Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, por delitos de corrupción relacionados con Achifarp. El caso se ha extendido durante cuatro años, y podría inhabilitarlo para futuras candidaturas al Congreso.
Recientemente, la fiscal adjunta Bernardita Luebert presentó una solicitud al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, dejando sin efecto la convocatoria programada para el 28 de agosto. El Ministerio Público contará con todos los informes pendientes, sugiriendo que se cerraría la etapa de investigación y se presentaría la acusación formal.
Giovanna Herrera, fiscal principal del caso, anticipó en una audiencia de revisión de cautelares el 16 de junio que la acusación “estaba en construcción”. La presentación de esta acusación pondría en jaque los futuros planes políticos de Jadue y lo inhabilitaría.
La defensa anterior de Jadue, formada por Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, había sostenido que la acusación era imposible debido a diligencias pendientes. Sin embargo, actualmente esa perspectiva ha cambiado, dada su reciente renuncia a su defensa privada.
Algunos sostienen que la reciente renuncia de su defensa privada podría ser una estrategia para dilatar el proceso, ya que con la Defensoría Penal Pública a su defensa, se podrían solicitar nuevas diligencias y un nuevo aumento de plazo. Jadue y su entorno han denunciado que la causa tendría fines políticos y buscaría “cortar su carrera”, situación que han denominado como un “lawfare”.
Eduardo Lagos, representante de Best Quality, manifestó que ya están agotadas todas las diligencias y que se logró acreditar no solo la comisión de los delitos, sino también la participación activa de Jadue. Lagos espera que el Ministerio Público pueda cumplir su compromiso de acusar y llevar a juicio oral al exalcalde.
Esperan que sea condenado y que, por cierto, se pueda reparar de alguna forma el daño causado.
