Autoridades de seguridad se enfrentan al Senado por la liberación del sicario vinculado al homicidio “Rey de Meiggs”. Ministro de Seguridad revela red de protección del imputado y fallas en las fronteras.
Fiscal Nacional confirma irregularidades en la orden de liberación y la suplantación de identidad. Gendarmería colabora con la investigación y denuncia limitaciones estructurales.
Ministro de Justicia destaca colaboración institucional y anuncia proyecto de ley para fortalecer seguridad penitenciaria.
Una vez más, diferentes autoridades encargadas de la seguridad del país debieron rendir cuentas ante el Congreso por la polémica liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, el sicario vinculado al homicidio “Rey de Meiggs”. Esta vez fue el Senado, en particular su Comisión de Constitución, el escenario de una nueva ronda de explicaciones, críticas y silencios incómodos.
A la sesión asistieron el ministro de Seguridad, Luis Cordero; el ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez; y el jefe de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna. Todos menos uno: la presidenta (s) de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien volvió a excusarse, lo que generó molestia transversal.
De hecho, la senadora Paulina Núñez (RN), presidenta de la comisión, lamentó la ausencia del Poder Judicial y advirtió que estamos frente a un hecho de extrema gravedad.
El ministro Cordero explicó en la instancia que no puede revelar públicamente el paradero del imputado, pero esa información fue tratada en la parte secreta de la sesión. Por otra parte, sí confirmó que Mejía se cubrió el rostro, ocultó un tatuaje y mintió sobre su identidad para evitar controles, todo con ayuda de una red de apoyo que ya estaría identificada.
Respecto a las fallas en las fronteras, reconoció una “permeabilidad evidente” y detalló que se trabaja con dos estrategias: presencia coordinada de fuerzas armadas y policías, e inversión en vigilancia tecnológica en la macrozona norte.
Desde el Ministerio Público, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que no existe resolución judicial que justifique el oficio que ordenó la liberación del imputado, y que este se basó en un documento que no figura en el expediente. En ese sentido, se investiga si hubo error, descuido, intimidación o incluso soborno.
También, Valencia indicó que el caso tiene dos líneas: una que indaga el crimen y otra que analiza las condiciones de su liberación. Asimismo, reconoció que Mejía suplantó su identidad y que en 2022 no se le tomaron huellas dactilares porque la norma que hoy lo exige entró en vigencia recién en 2023.
Por último, sobre la ausencia de la Corte Suprema, Gajardo fue diplomático, pero no evasivo: evitó emitir juicios, aunque advirtió que este tipo de actitudes deterioran la confianza pública en el sistema de justicia. Eso sí, informó que el máximo tribunal sí participará en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, instancia que él presidirá junto a la Fiscalía y otros actores del sistema este viernes.
