Avanzar en reformas laborales se ha vuelto un imperativo para el oficialismo, que dispone de poco tiempo en la conducción del poder Ejecutivo. Con las elecciones presidenciales de noviembre respirando en la nuca de las distintas tiendas políticas, el proyecto de ley que busca eliminar el tope de indemnización por años de servicio avanzó en su discusión en particular al interior de la Comisión del Trabajo de la Cámara. Se espera que avance con prontitud al pleno, a pesar de no contar con el apoyo público del Ejecutivo y carecer de urgencias legislativas.
En este sentido, son varias las críticas provenientes del sector privado, que advierten sobre mayores complicaciones para la movilidad laboral, mayor carga financiera para las empresas al financiar desvinculaciones o incluso más incentivos para contratar solo a plazo fijo u honorarios. Recordemos que, actualmente, la legislación establece que el empleador debe pagar un mes de sueldo por cada año trabajado, con un límite máximo de once años.
El proyecto propone eliminar dicho tope, de modo que el cálculo considere la totalidad de los años de servicio prestados por el trabajador. Distintos gremios de pymes y economistas han sido críticos con esta iniciativa, advirtiendo sobre consecuencias que podrían afectar directamente al mercado laboral.
Por ejemplo, la presidenta de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales UNAPYME, Gianina Figueroa, afirmó que el proyecto podría afectar la movilidad laboral. Héctor Sandoval, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME), sostuvo que esta iniciativa no solo afecta la contratación de personas, sino también la productividad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), sostuvo que este proyecto podría resultar en el quiebre de muchas empresas que no serán capaces de financiar la desvinculación de trabajadores. El economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, afirmó que los principales afectados serán quienes comienzan a reintegrarse al mercado laboral, ya que las empresas podrían optar por contratos a honorarios y así evitar grandes gastos en indemnizaciones por años de servicio.
Finalmente, el analista económico de Open BBK y la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, señaló que esta medida podría impactar negativamente al desempleo. El oficialismo celebró el avance en la Comisión con cinco votos a favor y tres abstenciones. Todo esto en un escenario donde la tasa de desempleo en el trimestre móvil febrero-abril llegó al 8,8%, con un ascenso de 0,3 puntos de aumento en doce meses.
