Esta semana, el Ministerio de Transportes presentó un plan piloto del sistema de pago a través de reconocimiento facial, que eventualmente podría reemplazar la tarjeta Bip! y el pago con QR. La propuesta ya está funcionando en algunos recorridos del servicio 406, buscando combatir la evasión, aportar seguridad y detectar el mal uso de beneficios en el sistema.
Se trata de una iniciativa que, a través de una cámara, puede detectar los rostros de cada pasajero con un 98% de efectividad, incluso si estos usan mascarilla, accesorios o si tiene algún cambio de peinado o barba. Sin embargo, este piloto abrió el debate público, ya que podría poner en riesgo la privacidad de los usuarios del transporte público.
De acuerdo a los expertos, existe un peligro por el tipo de uso de datos que podrían ser eventualmente utilizados para fines distintos al pago del bus. Gustavo Alcántara, especialista en telecomunicaciones y aplicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Santiago de Chile, comentó que “existe un riesgo latente y podría darse que el reconocimiento facial, sin controles adecuados y de seguridad, puede ser empleado para vigilancia masiva, perfilamiento social, entre otras aplicaciones”.
Incluso, añadió que en caso de que exista una baja supervisión institucional por parte de las autoridades, esta tecnología podría ser utilizada para otros fines, como por ejemplo, policiales, comerciales, sin un consentimiento explícito.
Bajo ese contexto, Alcántara señaló la importancia de que los usuarios que decidan utilizar la nueva tecnología tengan claridad de “cuál será el fin real de este sistema, y bajo un consentimiento asumir los eventuales riesgos que podría tener este nuevo sistema de pago”. El académico señala que el principal desafío ético reside en la potencial erosión del derecho a la privacidad y la vigilancia permanente de los usuarios sin justificación, más allá del uso exclusivo para el cobro automatizado del transporte público.
Legalmente, los desafíos son la necesidad de un “consentimiento que sea informado, real y transparentado”. El pasado agosto de 2024, el Congreso aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, una legislación clave que regula la protección y el tratamiento de este tipo de información que utilizan las entidades públicas y privadas, además de la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales.
Este plan piloto estableció que los datos biométricos son considerados como “datos personales sensibles”. Además, destaca que “todo tratamiento de datos personales que realice una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, debe respetar los derechos y libertades de las personas y quedará sujeto a las disposiciones de la ley”.
En ese sentido, Alcántara sostuvo la necesidad de implementar “medidas de anonimización, auditorías externas periódicas a modo de asegurar que se cumpla el fin y no se utilice de forma abusiva los datos recolectados”.
