Una nueva forma de control llegó para quedarse. La Contraloría General de la República (CGR) comenzó a desplegar este año una herramienta inédita en el aparato público chileno: los Consolidados de Información Circularizada (CIC). Estos documentos cruzan grandes volúmenes de datos provenientes de organismos del Estado para detectar vacíos de gestión, incumplimientos administrativos y posibles desvíos de recursos.
El objetivo no es solo sancionar, sino empujar a que el Estado funcione mejor y con mayor transparencia. Según fuentes de la propia Contraloría, hay al menos una veintena de CIC en distintas etapas de elaboración, abarcando áreas tan sensibles como la seguridad municipal, el uso del agua, los viajes al extranjero realizados por funcionarios con licencia médica —incluidos efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden—, la existencia de doble empleador en el sector público, deudas arrastradas por universidades estatales, rendiciones pendientes de embajadas y consulados, hospitales sin médicos, y propiedades fiscales ocupadas ilegalmente.
La magnitud de los temas anticipa no solo controversias, sino una presión directa sobre servicios que hoy operan con escasa supervisión efectiva. La promesa fue hecha en octubre de 2024, precio a que Dorothy Pérez asumió como contralora general de la República. Ante el Senado, se comprometió a crear mecanismos de fiscalización más modernos, sistemáticos y accesibles. Los CIC son la respuesta a ese compromiso: reportes públicos que permiten conocer, con precisión y respaldo técnico, si los organismos están cumpliendo con sus deberes legales, financieros y administrativos.
Hasta ahora se han publicado diez CIC, entre ellos uno sobre licencias médicas mal utilizadas por funcionarios públicos que viajaron fuera del país, otro que expuso a trabajadores de la salud que, pese a estar con licencia, habrían asistido partos en clínicas privadas, y varios que analizan el cumplimiento de obligaciones ambientales y de transparencia en gobiernos locales. A diferencia de las auditorías tradicionales, los CIC no se limitan a investigar un caso particular o una institución en específico. Su lógica es transversal: toman información de múltiples fuentes estatales, la cruzan mediante herramientas tecnológicas y generan una radiografía completa de una problemática estructural. Esto no solo permite identificar fallas, sino también compararlas y medir tendencias a nivel nacional.
La apuesta de la CGR es ambiciosa: pasar del control reactivo a una fiscalización proactiva, orientada a prevenir la corrupción y la ineficiencia antes de que los problemas se conviertan en escándalos públicos. El valor de estos documentos también radica en su accesibilidad. Son públicos, pueden ser descargados por cualquier ciudadano, y están escritos en un lenguaje claro, orientado tanto a técnicos como a no especialistas.
Lo que viene ahora es clave. En los próximos meses se espera una seguidilla de publicaciones que podrían remecer varias instituciones, desde municipalidades hasta ministerios, universidades y reparticiones diplomáticas. Para la nueva administración de la Contraloría, los CIC no son solo un producto técnico: son una señal de control fiscal si se puede realizar.
