El Gobierno concretó este domingo la expulsión de 34 migrantes a través de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), dirigido hacia Bolivia, Colombia y República Dominicana. Según el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), 21 son casos de expulsiones administrativas, relacionadas con delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto, porte ilegal de armas e incumplimiento de la normativa migratoria, incluyendo ingresos por pasos no habilitados. Las otras 13 expulsiones son judiciales, provenientes de personas condenadas por robo con intimidación, homicidio simple, asociación ilícita, receptación de vehículos motorizados y conducción en estado de ebriedad.
Las expulsiones representan un esfuerzo conjunto entre el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI), encargada de localizar y detener a los individuos para efectuar las deportaciones y escoltarlos hacia sus países de origen.
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De acuerdo con cifras oficiales, este año se han expulsado 402 personas, con 285 por órdenes administrativas y 117 por mandato judicial. En 2024, el total fue de 1.100 expulsiones, mientras que en 2023 se registraron 946.
