La diputada Catalina Pérez enfrentará audiencia de formalización por tres delitos de fraude al fisco en el caso Democracia Viva, donde se vincula a convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, liderada por su expareja Daniel Andrade.
Se le acusa de intervenir en acuerdos que no cumplían requisitos, sumando así su cuarta formalización en este caso. Querellantes piden prisión preventiva argumentando su implicación, mientras su defensa sostiene que no tuvo injerencia en la gestión de la fundación.
La mañana de este lunes, se llevará a cabo la audiencia de formalización contra la diputada Catalina Pérez, acusada por tres delitos de fraude al fisco, todos en el marco del caso Democracia Viva. Esto, después que en 2023 se revelara un millonario convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, donde hubo participación activa tanto de quien estaba a cargo de la Seremi, Carlos Contreras, y el líder de la fundación, Daniel Andrade.
Cabe mencionar que Contreras, uno de los imputados, fue jefe de gabinete de la parlamentaria antes de asumir como seremi, mientras que Andrade, también imputado, era pareja de Pérez cuando estalló el caso. A la diputada Pérez se le acusa de haber intervenido en un convenio por más de 400 millones de pesos, aprobado por la Seremi de Vivienda, bajo la dirección de Contreras, en beneficio de la fundación Democracia Viva, encabezada por Andrade, que no cumplía con los requisitos exigidos para su ejecución.
En total, son tres los convenios suscritos en 2022 que vinculan directamente a la parlamentaria con los dos imputados en esta causa. De esta manera, la diputada será la cuarta formalizada en el marco del caso Democracia Viva. Antes de ella, se sentaron en el banquillo de los acusados Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica, exconcejala de Antofagasta y perteneciente al Frente Amplio. Todos ellos estuvieron en prisión preventiva.
En medio de este escenario, Pablo Toloza, abogado de la UDI y querellante en esta causa, sostuvo que solicitaran la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal contra la diputada Pérez, debido a la implicancia que ha tenido en el caso. Por su parte, Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellantes en este caso, sostuvo que la parlamentaria tuvo conocimiento de los convenios antes de que fueran firmados.
El abogado defensor de la diputada, Gonzalo Medina, señaló que la medida cautelar de prisión preventiva es excesiva, debido a que los antecedentes apuntan a que Catalina Pérez no tuvo intervención en la gestión de la fundación. Así, es muy probable que gran parte de los querellantes pidan la medida cautelar más gravosa para parlamentaria. Esto, ya que el Consejo de Defensa del Estado no quiso adelantar las cautelares debido a que ellos la consideran cómplice y no autora como lo hace la fiscalía y también el resto de los intervinientes.
Por otro lado, cabe recordar que el pasado 7 de abril, la diputada Pérez fue desaforada por el Pleno de la Corte Suprema de forma unánime.
