El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el diputado Cristhian Moreira, calificaron como una “mentira, una trampa y un verdadero engaño” los test de drogas que el Gobierno deberá aplicar al Presidente Gabriel Boric y a sus 25 ministros y 41 subsecretarios.
Cabe recordar que este lunes, los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de no estar cumpliendo con la obligación legal, considerando que el 30 de junio vence el plazo para que las 67 autoridades se realicen el primer test. Sin embargo, a la fecha no se conoce si alguno ya lo hizo.
Tras revisar las 51 páginas de la licitación, desde la Bancada UDI denunciaron una serie de requisitos y exigencias que podrían atentar contra el objetivo principal de la norma, que es detectar a las posibles autoridades que sean consumidoras. El Gobierno no sólo estableció que los resultados sean confidenciales y no públicos, lo cual atenta contra la transparencia del proceso, sino que además dispuso que el examen sea de orina, que en promedio mide un consumo de hace tres días.
“Los exámenes de drogas que el Gobierno está obligado a realizar a sus autoridades están pronto a convertirse en una verdadera mentira, en una trampa y un engaño. Porque mientras en el Congreso los resultados de los test que nos debemos aplicar los parlamentarios son públicos, los exámenes que se deberá hacer el Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios serán privados,” criticaron los UDI.
Así, recalcaron que “mientras en la Cámara de Diputados el examen a realizarse es de pelo, porque eso permite medir un consumo de hasta un año, el Ejecutivo decidió que para ellos será de orina, que en promedio sólo detecta tres días hacia atrás. Esto es una burla hacia los chilenos, porque lo mínimo es que los controles midan un consumo permanente y no reciente, y que los resultados sean públicos y transparentes, no confidenciales como lo pretende este Gobierno.”
Por otra parte, Coloma y Moreira también cuestionaron cómo será el procedimiento para la toma de muestra. Según las bases, el Senda entregará el listado de contrapartes con que se coordinará la toma de muestras de las autoridades que se someterán al procedimiento, y el adjudicatario deberá sostener una reunión con Senda para los efectos de coordinar los procedimientos y contacto con los funcionarios sujetos a control.
A juicio de los gremialistas, lo anterior rompe con el carácter de “aleatorio” y “sorpresivo” que debería tener el proceso. Por lo mismo, acusan que si alguna autoridad consume alguna sustancia, “van a ser avisados con anticipación de la toma de muestra y bastará con que dejen de consumir para que el resultado, además de ser secreto, sea negativo, lo que es insólito.”
Finalmente, los parlamentarios emplazaron al Gobierno a “corregir inmediatamente” las bases de la licitación. Aseguraron que en cualquier lugar del mundo los exámenes de drogas son aleatorios y sorpresivos, más aún cuando son de orina, pero aquí se pretende avisar a las autoridades con antelación y ocultar sus resultados.
