El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la filtración del “pinchazo” al exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi. Se trata de algo que se conoció durante el fin de semana.
En específico, se trató de la desclasificación de una escucha telefónica que captó la Policía de Investigaciones (PDI), en medio de la indagatoria del caso ProCultura, arista del caso Fundaciones, entre el exfuncionario de Gobierno y su madre, la socialista Claudia Serrano.
Pero dicha conversación trata sobre otra polémica judicial: la fallida compra de la casa del presidente Salvador Allende. En el diálogo, Crispi acusa supuestas presiones de la exsenadora Isabel Allende para concretar la compra del inmueble de su padre.
Este lunes, desde el Frente Amplio (FA) acusaron que existe una eventual intencionalidad por parte del Ministerio Público al filtrar la conversación. Consultado al respecto, el fiscal Patricio Cooper comenzó diciendo que lo filtrado “es información que estaba en la carpeta investigativa del mes de enero, o sea, hace más de casi cinco meses atrás”.
Se entregaron copias la semana pasada a los intervinientes y la intervención telefónica del señor Crispi estaba autorizada por un tribunal de la República. Eso es lo que yo puedo indicar al respecto y en base a conversaciones que lamentablemente se han hecho públicas, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación que se denomina el caso por la compra fallida de la casa del expresidente Allende.
El fiscal nacional decidió que la Fiscalía Regional de Coquimbo llevara a esa investigación. “Esa es la razón por la cual, digamos, se abrió la causa, justamente porque en un hallazgo casual, en una intervención telefónica de otra causa, se tuvo esa información a la vista”, explicó Cooper.
Respecto a desde cuándo está “pinchado” el teléfono, Cooper contestó que el aparato “ya no está pinchado, no está intervenido y desde cuándo a cuándo tampoco va a haber información respecto a eso, tomando en cuenta que ProCultura, si bien se venció el plazo de secreto, aún no entregamos copia a ningún interviniente y, por lo tanto, no voy a dar información alguna respecto a esa causa”.
El persecutor de la zona norte del país abordó la crítica a las medidas intrusivas. “Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos, no se cuestiona las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo, etc. Hay controles cruzados”, señaló.
“Una de las preguntas que se hacen muchas de las personas es quién controlar a los fiscales, bueno los jueces de garantía. El trabajo del Ministerio Público es esencial en el sistema acusatorio que tenemos. Controles cruzados. El Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas”, añadió.
Concluyendo “(…) la Fiscalía Regional de Coquimbo considera que teníamos fundamentos para solicitarlo, así lo solicitamos y nos fue otorgada por el Tribunal de Garantía en uso legítimo de las funciones o de las responsabilidades y atribuciones de un juez de garantía”.
