La Contraloría General de la República (CGR) emprendió una fiscalización nacional para investigar el robo y comercialización ilegal de cables eléctricos en Chile.
Esta medida surge tras informes preocupantes de empresas distribuidoras, que denunciaron millonarias pérdidas debido a robos masivos.
En un comunicado reciente, CGE reveló la sustracción de más de 225 kilómetros de cables conductores desde sus instalaciones en 2024.
La compañía, encargada del suministro a 3,2 millones de clientes entre Arica y La Araucanía, identificó las regiones de Coquimbo (43.028 metros), Maule (34.696 metros) y Tarapacá (29.889 metros) como los epicentros del robo.
La extracción de cables no solo interrumpe el suministro eléctrico, sino que también daña postes, transformadores y otros equipos críticos.
Matías Hepp, director de operaciones de CGE, afirmó: “El robo de cables ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años”.
El ejecutivo solicitó mayor intervención estatal para perseguir y desarticular a estas bandas criminales.
Hepp describió cómo grupos delictivos operan con camiones, camionetas y armamento.
“Atacamos puntos de manera recurrente, lo que hace imposible enfrentarnos eficazmente”, destacó Hepp.
Comparando la sustracción de 225 kilómetros de cables (equivalente a la distancia entre Santiago y Los Vilos) con el impacto económico, el ejecutivo señala que una sola reparación en Coya, región de O’Higgins, costó $500 millones.
Las consecuencias sociales son evidentes.
Cada interrupción en el suministro eléctrico paraliza actividades empresariales y escolares, y plantea riesgos para la seguridad pública.
Además, CGE interpone denuncias ante Carabineros y el Ministerio Público, así como acciones legales para “perseguir a los autores de estos delitos”, según Hepp.
Esta iniciativa de la CGR apunta a una respuesta más eficiente al robo de cables eléctricos en Chile, buscando proteger infraestructuras críticas y mejorar el servicio a miles de hogares.
