Marcela Sandoval, exministra de Bienes Nacionales, alertó a La Moneda sobre posibles ilegalidades en la compra fallida de la casa de Salvador Allende, sin embargo, su advertencia no fue tomada en cuenta.
Esto se conoció durante su declaración ante el Ministerio Público, en enero, dentro del marco de una investigación por fraude al fisco que investiga Patricio Cooper.
La Constitución prohíbe a las autoridades celebrar contratos con el Estado, lo que justifica acciones legales contra la ministra Maya Fernández y su tía, Isabel Allende.
Sandoval aseguró haber comunicado mediante llamada telefónica a Leo Moreno, asesor presidencial, sobre los conflictos de interés potenciales. Sin embargo, su consejo no fue seguido. “Hice advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez (jefa jurídica de Bienes Nacionales), quien confeccionó una minuta donde nos contó que existían eventuales conflictos de interés”, expresó.
En cuanto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se desvinculó del caso indicando que el Ministerio de Justicia no está involucrado y que la ministra vocera ya se había referido a los pormenores del proceso.
La situación se ha convertido en un escándalo político y legal debido a las implicaciones constitucionales.
