La Contraloría General de la República ha emitido un nuevo oficio, N° E33069/2025, que restructure el uso de gastos reservados y abandona las directrices vigentes desde 2003.
Esta medida responde a los escándalos asociados al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien utilizó indebidamente estos fondos.
El nuevo instructivo establece regulaciones más rigurosas para el manejo de recursos reservados, limitando su disponibilidad solo a ciertos organismos, como la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, así como las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y ANI.
Entre los cambios principales está la necesidad de identificar mediante resoluciones reservadas las unidades operativas que manejarán estos fondos, detallando jefaturas responsables y sus subrogantes, y remitiendo estas resoluciones a la Contraloría para mayor control.
Además, se exige a las jefaturas presentar una Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) conforme a la Ley de Probidad en la Función Pública. Esta obligación busca prevenir conflictos de interés y mejorar la transparencia.
Se requiere asimismo que proporcionen información detallada sobre el uso de los gastos reservados para informes semestrales y anuales, remitidos a la Contraloría General. Este ajuste normativo surgió tras las denuncias vinculadas al uso indebido de gastos reservados por Manuel Monsalve.
Aunque la investigación continúa, el caso evidenció una falta de regulación efectiva y derivó en esta actualización sin precedentes. Con este nuevo marco regulatorio, la Contraloría fortalecerá la supervisión y transparencia en el manejo de recursos históricamente difícilmente fiscalizables.
Uno de los mayores cambios es la obligación clara de rendir cuentas del gasto, que ahora incluye al Presidente de la República y otras reparticiones estatales con acceso a estos fondos discrecional.
