El reciente megacorte de suministro eléctrico en Chile ha provocado un intenso debate político sobre el rol del Estado en la evaluación de proyectos de inversión energética.
Sectores de derecha, como la exalcaldesa Evelyn Matthei y Renovación Nacional (RN), han criticado lo que consideran una excesiva burocracia que obstaculiza el avance de inversiones, acusando a La Moneda de un “fundamentalismo ambiental”.
En contraste, desde el Ejecutivo se defiende el rol regulador y fiscalizador del Estado, enfatizando que no hay problemas en la inversión sino en la gestión.
Dicho debate se refuerza con críticas específicas sobre la “permisología”, un término que abarca a proyectos de infraestructura eléctrica.
Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, criticó el retraso en la aprobación de la línea Kimal-Lo Aguirre, una iniciativa que requiere 1.500 millones de dólares.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) también denunció la burocracia y los problemas de permisos.
Frente a esta situación, el ministro de Energía Diego Pardow aseguró que se trata de un problema de gestión, no de inversión, mientras el subsecretario del Interior Luis Cordero destacó el papel regulador del Estado.
La vocera Aisén Etcheverry defendió la inversión en energías renovables, aunque reconoció los retrasos.
Expertos como Joseph Ramos y Carlos Smith sostuvieron que se necesita un equilibrio entre regulación y productividad para minimizar los efectos secundarios.
Actualmente, hay un proyecto en el Congreso que busca simplificar la tramitación de permisos sectoriales, lo cual podría abordar estas críticas en el futuro.
