ISA InterChile, empresa colombiana bajo escrutinio por megacorte eléctrico en Chile demandó al Estado de Chile unos años atrás.
La firma ISA InterChile se encuentra bajo fuerte supervisión de las autoridades tras un gran corte de suministro eléctrico que afectó a 90% del territorio nacional
.Según informes, el fallo por “operación no deseada” en la Subestación Nueva Pan de Azúcar, en Coquimbo, generó una reacción en cadena que dejó sin luz al país.
En paralelo, el CIADI condenó a nuestro país a pagar US$21,5 millones a la empresa ISA InterChile.
La demanda, presentada en 2021, se refiere a retrasos en la megalínea Cardones-Polpaico y fue emitido el 13 de diciembre de 2024, según Emol.
El fallo establece que Chile incumplió sus compromisos al imponer multas “injustificadas” a InterChile en febrero de 2020 por demoras en el proyecto estratégico.
El tribunal ordenó la restitución proporcional de las sanciones aplicadas, más intereses acumulados desde esa fecha.
ISA informó al Superintendencia Financiera de Colombia que el monto actual ascendía a US$21,5 millones.
“El Tribunal concluyó que existieron algunas violaciones al Acuerdo de Libre Comercio Chile-Colombia por parte de Chile”, señaló el fallo, según el citado medio.
Desde la Cancillería chilena destacaron que el CIADI acogió sus argumentos: “Solo se ordenó pagar el 6% de lo reclamado, cerca de US$16 millones iniciales”, informó La Tercera en diciembre.
El conflicto surgió tras la negativa del Ministerio de Energía a otorgar prórrogas para la ejecución del Tramo 3 de la línea de transmisión, clave para el sistema eléctrico nacional.
Las multas aplicadas en 2020 fueron consideradas por el tribunal como un trato no equitativo hacia la inversión extranjera.
Como resultado, el Tribunal condenó a Chile a restituir a InterChile la parte proporcional de la multa correspondiente a 96 días, más intereses simples.
La suma incluye una tasa TIP + 2%, calculada desde el 18 de febrero de 2020.
Esta decisión representa un gran impacto en la relación entre ISA InterChile y el gobierno chileno, y podría tener efectos significativos sobre futuros proyectos de inversión extranjera.
