La Reforma Procesal Penal implementada en Chile a principios de los 2000 buscaba modernizar el sistema judicial para lograr una justicia oportuna y ejecutiva.
Aunque se han logrado avances, persisten problemas como lentas investigaciones del Ministerio Público y juicios largos que demoran años en concluir, lo cual ha generado preocupación entre la comunidad penal y académica por los riesgos para derechos de las víctimas e imputados.
Exfiscales y exabogados han identificado necesidades como reformar el manejo de pruebas documentales.
Además, el Poder Judicial enfrenta un significativo recorte presupuestario que ha sido rechazado por gremios del sistema judicial, pidiendo un revés en la medida debido a sus graves consecuencias.
