La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la condena lograda por la Fiscalía de Calama, que impuso más de 220 años de cárcel para cuatro ciudadanos bolivianos por su participación en una serie de ataques armados cometidos el 15 de diciembre de 2022 en la Ruta 27‑CH, que une San Pedro de Atacama con el Paso Jama.
La sentencia recientemente confirmada por el tribunal de alzada, afecta a los acusados Jhafet Berna Delgado, Reinaldo Berna Delgado, Beimer Correa López y Dionisio Mamani Mamani, para quienes se dictaron penas individuales de entre 53 y 55 años de presidio, por múltiples delitos de homicidio simple frustrado, robo con violencia, robo con violencia tentado, robo calificado, tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas a Carabineros.
Según investigación llevada adelante por la Fiscalía de Calama junto a Carabineros, el día de los hechos los imputados, provistos de armamento y a bordo de una camioneta, realizaron diversos asaltos y robos a turistas y trabajadores en la citada ruta internacional, aprovechando la geografía aislada del Desierto de Atacama.
La secuencia delictual comenzó cerca de las 11 de la mañana, cuando interceptan un vehículo con turistas argentinos, al cual disparan lesionando a su conductor, quien logra huir del lugar junto a los demás ocupantes del automóvil. A los pocos minutos, la banda repite la acción en contra de un minibús ocupado por trabajadores chilenos y turistas franceses, a quienes mantuvieron retenidos mientras les sustraían dinero, celulares y documentos.
Posteriormente el grupo actúa en contra de un camionero paraguayo que se detuvo a prestar ayuda a las víctimas, golpeándolo y despojándolo de su vehículo, el cual intentan trasladar a Bolivia por un paso no habilitado, sin conseguir su objetivo.
Alertado de los hechos, Carabineros inicia el seguimiento de los acusados, logrando la detención de tres de ellos en un sector de quebradas, durante una operación que concluye con dos de los asaltantes heridos, tras apuntar y amenazar a los efectivos policiales.
El cuarto acusado fue detenido la tarde de ese mismo día por personal del GOPE que mantenía vigilancia en sector donde ocurrieron los ataques.
SENTENCIA
Frente a estos hechos, en enero de este año el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a los acusados, no obstante, dicho fallo fue recurrido de nulidad por las defensas, acción que esta semana fue desestimada por la Corte de Apelaciones, que mantuvo las penas aplicadas a cada uno de ellos.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que las penas impuestas a los acusados se explican por varios factores, entre ellos, la extrema gravedad de los hechos investigados, la multiplicidad de víctimas, el uso de armamento y la ejecución de los ataques en zonas despobladas donde era muy complejo que los afectados recibieran ayuda.
De igual forma, dijo que se tuvo en consideración que los imputados actuaron con dolo, por cuando se percutaron disparos en contra de los vehículos de las víctimas, con pleno conocimiento de que éstas se encontraban en su interior, acción que, de hecho, dejó turistas lesionados.
“Estamos frente a un grupo que emboscó y disparó sin provocación en contra de personas inocentes, la mayoría de ellos turistas, y posteriormente se opuso a la acción Carabineros, lo que demuestra que se trataba de un grupo extremadamente violento y que no sentía respeto alguno por la vida de sus víctimas”, dijo el persecutor.
FRONTERA
Juan Castro Bekios explicó que los detenidos operaron como una organización criminal transfronteriza, articulada para interceptar vehículos, intimidar a sus víctimas, apropiarse de especies y escapar hacia Bolivia a través de los múltiples pasos no habilitados que existen en esa área.
En este sentido, agregó que la condena confirma que Chile es una zona atractiva para bandas delictuales extranjeras, que cruzan la frontera para cometer todo tipo de actividades ilícitas en territorio nacional, algunas extremadamente violentas, como fue en este caso.
El persecutor felicitó finalmente el trabajo realizado por los fiscales Ricardo Rivera Trujillo y Javier Garrote Leal, de la Fiscalía de Calama, quienes, junto a personal especializado de SIP y Labocar de Carabineros, lograron acreditar ante el tribunal la participación de los acusados en los delitos investigados, logrando una de las condenas más elevadas que se recuerden en la región.
