A través de su cuenta en X, el presidente Gabriel Boric reaccionó a la aprobación general en el Senado con 23 votos a favor y 22 en contra, del proyecto que regula la suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos con enfermedades crónicas, discapacidad o edad mínima de 70 años. En su mensaje, expresó su preocupación por el contenido de la propuesta y su eventual impacto en derechos humanos y seguridad.
Los crímenes de lesa humanidad son reconocidos como acciones más horribles por nuestra legislación y el mundo entero. El proyecto que busca conmutar penas y se aprobó en general en el Senado permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, incluyendo aquellos con sentencias por homicidio, parricidio y violación.
Boric llamó a los parlamentarios para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile. Este llamado se hace en memoria de quienes sufrieron, lucharon y son víctimas de estos graves delitos. La iniciativa surgió de una moción presentada por senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
El proyecto establece la reclusión domiciliaria total como sustitución de la pena privativa de libertad. La normativa considera a internos enfermos cuando la privación de libertad les impide recuperarse, a quienes padecen enfermedades incurables en período terminal, a discapacitados y a mayores de 80 años con una edad mínima de 70 producto de su edad más los años cumplidos en prisión.
Con estos criterios, diversos condenados por crímenes graves podrían solicitar la sustitución de su condena. Entre ellos figuran Julio Pérez Silva, psicópata de Alto Hospicio condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios; María del Pilar Pérez, La Quintrala, condenada a presidio perpetuo por múltiples homicidios; Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, además de ser homicida reincidente; Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado en más de cien causas por secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura. Todos podrían solicitar el beneficio por edad y deterioro físico, al igual que la mayoría de los internos del ex penal Punta Peuco.
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