Son tres partidos políticos oficialistas que figuran entre las colectividades disueltas por Servel: el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Estas organizaciones no cumplieron con los requisitos legales exigidos por la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos tras las elecciones parlamentarias de 2025.
La normativa requiere a los partidos obtener al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional o elegir un mínimo de cuatro parlamentarios en una misma elección para conservar su existencia legal. Además, se permite que aquellas colectividades que no alcancen ese umbral de votación mantengan su legalidad si, en esa elección, logran elegir al menos cuatro parlamentarios, ya sean diputados o senadores.
La Federación Regionalista Verde Social anunció que apelará la resolución, buscando impugnar el fallo del Servel. El diputado de la colectividad, Jaime Mulet, sostuvo que buscarán acreditar que el partido cumple con la representación parlamentaria exigida por la ley. A su juicio, la tienda cumple el requisito legal al contar con cinco parlamentarios electos entre las elecciones más recientes y las de 2022.
Por su parte, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, anunció que no apelarán a la resolución. Hirsch sostuvo que el humanismo no depende de la legalidad formal del sistema de partidos para existir. El parlamentario aseguró que continuarán con sus actividades políticas y sociales aun sin inscripción oficial, y que más adelante evaluarán si buscan volver a legalizarse como partido. Además, expresó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno, considerando que restringe la participación en lugar de fortalecer la democracia.
Desde el Partido Radical informaron que impugnaron la resolución que ordena su disolución, alegando falta de fundamentos y ausencia de antecedentes esenciales. La colectividad destaca sus 162 años de historia y su respaldo ciudadano, con 158 concejales, 9 consejeros regionales, 14 alcaldes, 1 gobernador regional y dos diputadas electas.
Su defensa se fundamenta en principios constitucionales como el pluralismo político, el reconocimiento de los grupos intermedios y la prohibición de discriminaciones arbitrarias.
