Tras los 5 informes de la Contraloría General de la República (CGR), se mantienen los cuestionamientos hacia Sofía González, diputada electa del Partido Comunista y delegada presidencial regional de Valparaíso durante el megaincendio de febrero de 2024. Yanino Riquelme, actual delegado presidencial y ex seremi de Obras Públicas en la emergencia, también se encuentra bajo escrutinio.
Según los informes, González suscribió seis contratos con San Nicolás SpA por un monto total de $6.725.655.566 para arriendo de maquinaria pesada durante el retiro de escombros en turnos diurnos y nocturnos, justificado como necesario debido a la emergencia.
Contraloría tomó razón del caso el 10 de enero de 2025, emitiendo una resolución hacia la Subsecretaría del Interior. Sin embargo, San Nicolás SpA presentó irregularidades, incluyendo la composición de la empresa, compuesta por solo tres personas: Pedro Briones González (43 años), Catalina Jara Briones (24) y Tomás Avilés Tillería (20). Este último, con 18 años en 2023, figura como representante y accionista principal de la empresa.
El informe destaca que no hubo una evaluación técnica ni se solicitaron boletas de garantías. La empresa no contaba con maquinaria propia ni trabajadores propios, por lo que subcontrató a otras empresas para cumplir con los servicios, lo que está prohibido en contrataciones de trato directo.
Las diferencias en los pagos alcanzaron hasta un 557,89%, equivalente a más de $4 mil millones considerando los valores más altos. San Nicolás SpA tiene más de 30 contratos con el gobierno desde julio de 2023, liderados por el Frente Amplio, quienes habrían recomendado el servicio.
Otra figura cuestionada es Yanino Riquelme, quien fue seremi de Obras Públicas en la emergencia y habría recomendado los servicios de San Nicolás SpA. La Directora Regional de Arquitectura del MOP se contactó con la empresa para conocer su economía y garantías.
El gobernador regional Rodrigo Mundaca indicó que todo lo sucedido requiere sanción hacia las autoridades responsables, ya que no es un contrato que se puede pasar por alto. Ivan Poduje, futuro Ministro de Vivienda, adelantó que el gobierno perseguirá responsabilidades hasta el final.
Voces expertas han advertido sobre la posibilidad de configuración del delito de fraude al fisco en la millonaria contratación sin controles por parte de la Delegación Presidencial. No obstante, González aseguró la existencia de sumarios antes de su renuncia pero no entregó detalles de los resultados.
