Este martes 17 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura.
La audiencia estaba fijada para el 12 de este mes, pero fue suspendida a petición de la Fiscalía de Antofagasta. La cercanía con la apelación presentada para endurecer las cautelares de los imputados fue el argumento utilizado por la Fiscalía.
Si el tribunal acoge la solicitud, Orrego quedaría suspendido de su cargo y habilitado para ser formalizado. La investigación indaga el destino de los $1.600 millones transferidos desde el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano de Santiago a ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”. Según una acción civil presentada por el propio Gobierno Regional, más de $1.015 millones no habrían sido rendidos por la fundación.
El viernes pasado, Orrego afirmó que durante esta semana se recuperará el total de los recursos cuestionados a través del cobro de pólizas de seguro exigidas al firmar el convenio, pese a no ser obligatorias por ley. El proceso se está gestionando con apoyo del Consejo de Defensa del Estado y defendió la legalidad del procedimiento.
En paralelo, el 3 de febrero fueron formalizados cinco integrantes de ProCultura, incluido su fundador Alberto Larraín, por presunto fraude al fisco. El tribunal descartó la prisión preventiva y dejó a Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno con arraigo nacional.
Para los expertos, esa decisión es una señal relevante. Los abogados penalistas Juan Pablo Bono-Core y Eva Guerrero coincidieron en que, sin nuevos antecedentes y considerando las debilidades ya advertidas por la Corte, la defensa podría apoyarse en esos argumentos al momento de debatir el desafuero.
“Obviamente podría, si es que no existen antecedentes nuevos; el gobernador podría correr la misma suerte que los demás imputados”, dijo Bono-Core. A lo anterior se sumó Guerrero, diciendo: “Estas falencias investigativas sin duda pueden ser utilizadas también por la defensa y expuestas ante la Corte”, agregó.
El martes, la Corte tendrá la última palabra en una causa que sigue tensionando al Gobierno Regional y al Ministerio Público.
