Contraloría informó este lunes que una investigación a la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) arrojó que la institución no ha recuperado más de $20 mil millones en licencias médicas rechazadas.
Según el ente contralor, todo surge en base a una revisión de reposos recepcionados, tramitados y gestionados durante enero y diciembre de 2024, incluyendo periodos anteriores y posteriores. Así se detectó que, entre 2017 y 2024, hubo 1.045 funcionarios que presentaron licencias médicas bajo la causal “enfermedad o accidente común”, esto por más de dos años y de forma intermitente.
Los reposos totalizan 60.958 licencias que no fueron recuperadas por la Junji, acumulando un total de $20.916 millones. Entre ellas hay casi 10 mil licencias que fueron rechazadas, pero que la Junji no implementó acciones para recuperar el subsidio por incapacidad laboral. Solo entre estos reposos hay $5,5 mil millones.
Es por esto que Contraloría otorgó un plazo de 60 días hábiles a la dirección nacional de la Junji. Ese será el plazo para acreditar un plan de acción que garantice la recuperación del dinero.
Se enviaron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar qué acciones tomar, lo que eventualmente podría terminar en la justicia.
Contraloría informó que esto no es lo único. También se evidenció que hay 54.876 licencias con antiguedad superior a cinco años, las que acumulan más de $10 mil millones, de las cuales no se ha iniciado el proceso de castigo contable.
Por ello, el servicio deberá remitir a la Contraloría la documentación que acredite los saldos pendientes, registros de reclasificación efectuados y las solicitudes formales presentadas ante los ministerios de Educación y Hacienda para obtener la autorización del castigo contable.
Por último, también se detectó que Junji realiza el proceso de recuperación de subsidios de manera manual, mediante planillas Excel. Esto porque el sistema con el que deberían realizar la gestión (PeopleSoft HCM/FSCM1) aún no posee el módulo habilitado para registrar estos cobros.
Como esto incumple lo ya establecido por Contraloría, se ordenó que se informe la puesta en marcha del mencionado sistema. A ello se suma el envío de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas. Todo esto en un plazo de 60 días hábiles.
