La crisis financiera que arrastraba Chilolac culminó con el cierre de su planta en Ancud, afectando a 110 trabajadores. La empresa notificó la desvinculación usando causal del artículo 159, numeral 6, referido al caso fortuito o fuerza mayor, lo que exime el pago de indemnizaciones. Juan Paredes, presidente del sindicato, describió esta medida como un “balde de agua fría” para las familias, ya que los trabajadores solo recibirán el pago de vacaciones pendientes.
La administración ha mantenido silencio ante consultas de medios, no cumpliendo con la promesa de emitir un comunicado oficial. Javier Cárdenas, concejal de Ancud, criticó duramente la estrategia legal empleada por Chilolac, argumentando que el cierre debió notificarse basándose en insolvencia económica.
Ante esta situación, se ha activado una mesa multisectorial con Claudio Salas, director regional del Trabajo, coordinando acciones inmediatas junto a Sence y OMIL de Ancud. Se programó una reunión clave con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) para agilizar el acceso a los seguros de cesantía.
Los trabajadores tienen dos vías: reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo o demanda en tribunales laborales, buscando que un juez declare injustificado el despido y ordene el pago de las prestaciones. Solo 17 trabajadores permanecen vinculados a la empresa, operando con incertidumbre sobre su remuneración y cotizaciones previsionales.
