La Contraloría General de la República ha adoptado el decreto promulgatorio de la Ley N°21.792, una normativa crucial que modifica el Código Aeronáutico y exige a las aerolíneas la entrega detallada de información pasajera a las policías y al Ministerio Público.
Una vez completado el proceso de embarque, las empresas aéreas serán obligadas a remitir datos personales, nombres y destinos de pasajeros a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y la Fiscalía. Estos registros incluyen antecedentes relevantes que podrían facilitar la detección de individuos considerados peligrosos.
Según el organismo gubernamental, esta medida busca fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad e investigación penal, mejorando la cooperación internacional y previniendo la evasión de la justicia.
Desde el Gobierno se destaca que esta normativa complementa obligaciones existentes para las aerolíneas, tales como el reporte de listados de pasajeros que ingresan o salen del país. Asimismo, se exige revisar la documentación de los viajeros al momento del embarque.
En un contexto donde ya se han aplicado sanciones significativas, como en septiembre pasado cuando JetSmart fue multada con más de $581 millones por no remitir datos a tiempo a la PDI, esta nueva obligación legal vuelve a ser relevante.
