La absolución de Claudio Crespo no solo cerró un juicio. También abrió una herida política en el oficialismo.
Apenas comenzó la lectura del veredicto para el exuniformado que dejó ciego a Gustavo Gatica, resurgió el debate sobre la Ley Naín-Retamal.
Esta norma, aprobada y promulgada en abril de 2023 durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, se convirtió en un punto de discusión entre oposición e oficialismo.
Para algunos parlamentarios, como Ana María Gazmuri (Acción Humanista), la absolución fue consecuencia directa de la aplicación retroactiva de la Ley Naín-Retamal. La diputada sostuvo que el voto a favor de esta ley por parte del oficialismo en ese momento fue un error y una forma de populismo penal.
En contraste, desde el oficialismo se señala que la ley es parte del problema, mientras la oposición la defiende como garantía para las fuerzas policiales.
La Ley Naín-Retamal reforzó la presunción de legítima defensa para carabineros y otras fuerzas, ampliando el piso jurídico en casos de uso de armas. Esto fue celebrado por el presidente Boric en su momento.
Pero tras el fallo que absolvía a Crespo, la discusión se centró en si este cambio en las reglas del juego favorece la impunidad y la brutalidad policial.
Diputados como Daniela Serrano (PC) y Matías Ramírez (PC) criticaron el voto del oficialismo por la ley, argumentando que es un caldo de cultivo para la impunidad. Desde el Frente Amplio, Jorge Brito también se pronunció sobre la responsabilidad política.
Tomás de Rementería (PS), uno de los votantes a favor en 2023, destacó que la aplicación de la ley es el problema, no su forma de votación.
Mientras el debate sigue abierto, desde el oficialismo se busca revisar los efectos de la Ley Naín-Retamal. Lo cierto es que su primera gran prueba política llegó con la absolución de Claudio Crespo y la ceguera de Gustavo Gatica.
