Camila Vallejo, ministra vocera del Gobierno, aclaró la polémica norma de “amarre” en el reajuste del sector público. Según Vallejo, no existe tal cosa dentro de la ley y el desvinculamiento de funcionarios solo debe estar fundamentado.
“Nos referimos a que si hay una necesidad del servicio para desvincular a un funcionario, se debe justificar esa necesidad. Es igual en el sector privado; si una empresa tiene que desvincular a un trabajador por razones de la empresa, también debe fundamentar”, explicó.
Vallejo enfatizó que “la ley no amarra ni impide desvinculaciones, solo exige una justificación para tales acciones”. Agregó que “se ha construido una propaganda alrededor de este tema, pero en realidad no hay nada innovador aquí; siempre se puede reclamar una desvinculación cuando es injustificada”.
“El Gobierno nunca ha buscado amarrar funcionarios y esto se ha expuesto ante la Contraloría. La Contraloría puede determinar si las justificaciones son válidas o no”, agregó.
Vallejo aseguró que “la ley de reajuste es flexible, lo que permite revisar y mejorar para garantizar un proceso equitativo”. Destacó que el costo del reajuste es el menor desde 2019, subrayando la importancia de no ceder a mentiras sobre este asunto.
