Los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayu anunciaron que iniciarán conversaciones con la oposición y el propio oficialismo si es que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no deja el cargo tras la polémica por la cirugía de su madre en el Hospital del Salvador.
Ambos parlamentarios advirtieron que este próximo lunes iniciarán las conversaciones para presentar una Acusación Constitucional (AC) en contra de la secretaria de Estado en caso de que durante las próximas horas no presente su renuncia.
En un país con listas de espera tan interminables, donde los chilenos pueden estar semanas, meses o incluso años esperando por una cirugía, resulta absolutamente inaceptable que existan tratos preferentes y privilegios para quienes ostentan cargos de poder.
Al respecto, cabe recordar que la semana pasada ambos legisladores oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) solicitando que pudieran abrir u ordenar un sumario administrativo al interior del recinto médico. Lo anterior considerando que los distintos antecedentes que han surgido demostrarían que la intervención quirúrgica fue acelerada por orden “administrativa” en desmedro de otros pacientes.
Asimismo, Alessandri y Lilayu solicitaron a la Fiscalía el poder abrir una investigación de oficio por el eventual delito de tráfico de influencias, junto con exigir la salida de la ministra Aguilera.
Desde un comienzo han señalado que lo óptimo es que una persona sea atendida de inmediato, “pero esa no es la realidad en nuestro sistema de salud público”.
Este viernes, desde la dirección del hospital, informaron que se instruyó una auditoría clínica con el objeto de dar total transparencia al hecho.
Si bien los diputados de la UDI valoraron que la Contraloría abriera un requerimiento en el Hospital del Salvador para esclarecer la grave controversia, lo calificaron como “absolutamente insuficiente”. Insisten no solo en que la Fiscalía abra una investigación de oficio, sino también en que el mandatario “haga valer las responsabilidades políticas que correspondan”.
El presidente Boric no puede seguir mirando hacia el costado, relativizando hechos que son de la máxima gravedad. Cada hora que la ministra Aguilera permanece en el cargo genera un daño mayor en la credibilidad del sistema público y del propio Gobierno.
Por lo tanto, si el actual mandatario es incapaz de adoptar una decisión y la ministra insiste en no asumir su responsabilidad política, será el Congreso el que finalmente deberá actuar de manera correcta.
