El álgido debate sobre la “norma de amarre” en el marco del reajuste del sector público sigue marcando la agenda. Se trata de uno de los contenidos alcanzados en el acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, que ha desatado fuertes críticas por parte de la oposición.
El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, señaló este domingo en el programa Estado Nacional de TVN que “más allá del tecnicismo jurídico” es un error político plantear una norma como esta a pocos meses del término del Gobierno. Según Soto, esto se debió haber discutido hace dos o tres años en el marco de una ley de reforma de modernización del Estado.
El parlamentario añadió que la norma “sí dificulta el despido respecto de funcionarios que llevan dos años en el cargo y que ingresaron durante este Gobierno”. Soto considera que desde la perspectiva política, es un disparo en los pies porque es inexplicable ante los ojos de la ciudadanía.
La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, manifestó que “nadie se apituta, nadie se amarra”, explicando que lo único que se establece es que los despidos de personas que están a contrata en el sector público con dos años de antigüedad tengan que ser fundados.
El tono del debate subió esta semana cuando se instaló que la UDI evalúa acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Nicolás Grau. “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo”, señalaron en la colectividad.
Jaime Coloma, diputado electo de UDI, detalló que se trata de algo que está en evaluación y que se han establecido etapas para hacer frente a este tema. La primera es rechazar la ley cuando se presente, buscando conversar con distintas bancadas. Si eso no ocurre, irán al Tribunal Constitucional (TC) para evitar su ejecución.
El gremialismo fue criticado en algunos sectores políticos. Soto cuestionó que “vemos una oposición hasta el último día siendo irresponsable” y calificó como un “precedente nefasto” el anuncio de una acusación constitucional contra el ministro Grau.
El diputado concluyó que “anunciar una acusación constitucional sin ninguna justificación -ni jurídica ni política- me parece inaceptable”.
