El proyecto de ley propuesto por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), para reformar los denominados “supersueldos” de los funcionarios del Congreso fue declarado inadmisible por la Sala. La medida busca modernizar el Congreso y reajustar las remuneraciones, pero incurre en materias de gasto fiscal relacionadas con la administración financiera del Estado.
La única vía para que la iniciativa continúe es que el Ejecutivo decida patrocinarlo. Macarena Lobos, ministra de Segpres, confirmó que evaluarán su pertinencia. El senador Ossandón llamó directamente al gobierno tras la declaración de inadmisibilidad, solicitando que patrocinara el proyecto.
El tiempo para esta evaluación es escaso, ya que solo restan 5 semanas para que finalice el actual periodo parlamentario. Revelaciones recientes indicaron que 181 funcionarios del Congreso Nacional ganan más que los parlamentarios y hasta que el Presidente de la República.
Un informe detalló que el trabajador de la Cámara de Diputados con la remuneración más alta recibe 18,5 millones de pesos brutos, mientras que uno del Senado percibe 16 millones. Más de 130 funcionarios tienen sueldos brutos superiores a los 8,4 millones de pesos.
Esta situación se genera debido al sistema remuneracional propio y complejo del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. El proyecto propone eliminar la asignación de complemento de jornada, reemplazándola por un pago de horas extraordinarias solo por trabajo efectivo fuera de la jornada normal.
Además, la iniciativa prohíbe que las comisiones de Régimen Interior y la Biblioteca otorguen nuevos beneficios remuneratorios adicionales a los vigentes. Establece periodos de 4 años renovables una sola vez para los cargos de secretario general del Senado, de la Cámara de Diputados y del director de la Biblioteca.
El proyecto incluye una disposición transitoria clave: los funcionarios actuales no verán disminuidas sus remuneraciones. A nadie se le baja el sueldo y esto en régimen llegaría a un ahorro de más de 10 mil millones de pesos, aseguró Ossandón durante su intervención.
Tras la declaración de inadmisibilidad, Iván Flores se refirió a la encrucijada legal del proyecto. Si no cuenta con el apoyo del Gobierno, este proyecto no avanzará, afirmó. Flores consideró que el debate sobre los ingresos de los funcionarios es bienvenido.
Previo a esto, representantes de la asociación de funcionarios del Senado acusaron un trato poco respetuoso por parte de Ossandón. Por su parte, expertos en transparencia respaldan la necesidad de abordar el tema. Marcelo Drago declaró que las iniciativas para “normalizar los salarios de los funcionarios del Senado con el resto de la administración pública tienen algún fundamento y deben atenderse”.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, indicó que cualquier persona que sostenga que para no corromperse tiene que ganar más que el presidente de la República, debe ser apartado de su cargo inmediatamente.
El destino final de la iniciativa depende ahora de una evaluación del Ejecutivo que debe realizarse en un plazo perentorio. Con el periodo legislativo a punto de concluir, la decisión del gobierno definirá si el proyecto para modificar los “supersueldos” logra avanzar o se archiva definitivamente.
