Con el reloj judicial encima, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) concretó el trámite administrativo para avanzar en la expropiación de más de 110 hectáreas vinculadas a la toma del cerro Centinela en San Antonio. A través del decreto exento N° 88, la cartera comenzó formalmente la ejecución del Programa de Expropiaciones del futuro Plan Habitacional Cerro Centinela, horas antes de que venciera el plazo impuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para materializar el desalojo ordenado por los tribunales.
El documento establece la adquisición de 1.105.953,95 metros cuadrados, equivalentes a poco más de 110 hectáreas, distribuidos en tres lotes pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. La medida permitirá iniciar el diseño del proyecto habitacional destinado a reubicar —en el mismo sector— a cerca del 90% de los más de 4.100 hogares que actualmente residen en condición de ocupación irregular.
El decreto justifica la expropiación recordando que la megatoma, donde habitan aproximadamente 10.251 personas, de las cuales más de 3.000 son niños, enfrenta una orden de desalojo ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024. A ello se suma la resolución del 4 de noviembre de este año, en que la Corte de Apelaciones instruyó al Gobierno y al municipio de San Antonio a cumplir “estrictamente” el fallo, acreditando en un plazo de 30 días la habilitación de un recinto transitorio para albergar a los ocupantes.
La publicación del decreto se da precisamente en la antesala del vencimiento de ese plazo. Según el Minvu, la expropiación se decidió luego de fracasar las negociaciones con los propietarios, que mantuvieron un valor de venta superior en cerca de $6 mil millones a las tasaciones encargadas por la cartera.
El decreto de expropiación de la megatoma sostiene además que la medida se enmarca en la facultad legal del ministerio y del Serviu para adquirir terrenos destinados a proyectos habitacionales, especialmente en contextos de emergencia o radicación de campamentos. Un punto relevante del documento es el reconocimiento al proceso de organización interna del campamento.
Las familias formaron 40 cooperativas cerradas que agrupan alrededor del 90% de los hogares, las que además constituyeron una federación para gestionar acuerdos y avanzar hacia una salida habitacional. Los representantes de la Federación entregaron al Minvu el 28 de octubre una propuesta con un plan de ahorro que busca reunir $1.500.000 por familia al mes de diciembre, como aporte al financiamiento del proyecto.
Este monto complementará los subsidios habitacionales tradicionales y —según sostiene el ministerio— equivaldría al valor de los terrenos a expropiar. El programa habitacional no solo apunta a regularizar la situación de quienes viven en el cerro Centinela. El decreto también establece que parte del terreno quedará reservado para equipamiento público y para proyectos destinados a familias de la comuna o de la provincia de San Antonio que no residen en la megatoma, ampliando el alcance del plan.
Los terrenos expropiados corresponden a los lotes 1A-1, 1A-3 y 1A-5 —todos del mismo propietario— ubicados en sectores colindantes a Manuel Bulnes y Camino Viejo a San Antonio, abarcando zonas de las comunas de San Antonio y Cartagena.
Con la publicación del decreto en el Diario Oficial y su notificación a las partes, el Gobierno activa formalmente un proceso que transforma el escenario que, hasta hace días, parecía encaminarse hacia un desalojo masivo e inédito en el país. El Minvu apuesta ahora por la construcción de un proyecto habitacional de largo aliento en los terrenos que serán expropiados por el Serviu.
