El pasado lunes, un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) se reunió con la contralora Dorothy Pérez en el marco del escándalo por el fraude de licencias médicas. Luego que se conociera el informe de la Comisión Investigadora del caso ProCultura, aprobado ayer martes, los diputados convencieron de la necesidad de otorgarle mayores facultades fiscalizadoras al organismo contralor.
Es por ello que este miércoles, la bancada ingresó a trámite un proyecto para aumentar las facultades de fiscalización y sanción de la Contraloría. Este proyecto asume propuestas de la propia contralora en sus participaciones en distintas instancias del Congreso.
Se trata de una iniciativa que busca “fortalecer las atribuciones del órgano de fiscalización y control en la administración del Estado”. Entre otras cosas, proponen que la Contraloría General de la República tenga “acceso efectivo y oportuno a información financiera y bancaria de los organismos del cual posee control”. Esto permitiría contrastar adecuadamente los datos declarados por funcionarios públicos.
Según los diputados patrocinadores, este cambio le permitiría enfrentar con mayor eficacia y contundencia prácticas irregulares. Asegurando la disponibilidad inmediata y precisa de información clave para la detección y sanción de ilícitos o infracciones administrativas, como ocurre en el caso de las licencias médicas.
La iniciativa también busca ampliar las facultades de la Contraloría “para solicitar bases de datos e información bancaria directamente a las entidades financieras”. Esto permitiría tener certezas respecto de los movimientos financieros detectando posibles irregularidades. Además, el proyecto amplía la facultad sancionadora de la Contraloría, permitiéndole imponer directamente medidas disciplinarias en forma de multas y suspensión de funciones, sin goce de remuneraciones.
En el caso de alcaldes y gobernadores, la iniciativa propone aplicar sanciones directas y requerir al Tribunal Electoral Regional la declaración de responsabilidades. Esto fortalecería la independencia y eficacia del procedimiento sancionador, permitiendo que conductas que atentan contra la probidad se puedan sancionar a pesar de eventuales consideraciones de orden político.
En un aspecto administrativo, la iniciativa también busca “modernizar el procedimiento sumarial, permitiendo que estos procesos se realicen preferentemente mediante medios electrónicos y digitales”. Esto garantizaría rapidez, eficacia y transparencia en los procedimientos administrativos que dirige el órgano contralor.
En la presentación del proyecto, diputados de la bancada plantearon la necesidad “urgente y práctica de dotar a la Contraloría General de la República de herramientas más robustas y efectivas para enfrentar la corrupción”. Considerando los graves casos de corrupción que han surgido en los últimos años, estiman que el organismo debe ser dotado de mayores recursos y personal. Además, de herramientas jurídicas y normativas que le permitan fiscalizar y sancionar de manera adecuada.
