Este miércoles, el Juzgado de Garantía resolvió las medidas cautelares contra los imputados en el denominado caso “Papaya Gate”. Durante la audiencia, el tribunal rechazó la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para decretar prisión preventiva para la exintendenta regional, Lucía Pinto, y el exadministrador regional, José Cáceres Rojas. En su lugar, acogió las medidas propuestas por la Fiscalía, imponiéndoles arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Es una investigación que lleva cinco años. No obstante, citados para esta audiencia, comparecieron, han comparecido en otras oportunidades, prestaron declaración, entregaron antecedentes, abrieron sus cuentas corrientes, entiendo, para los efectos de que se pudiera investigar los hechos”, sostuvo la jueza Carolina Baroncini. Asegurando que “esta es la razón precisamente por la que el persecutor, el Ministerio Público, no solicita la prisión preventiva… porque no existe una necesidad de cautela que la justifique”.
En cuanto al tercer imputado, el gerente de la empresa CPS S.A., Pablo Bracchitta, el tribunal resolvió no aplicar ninguna medida cautelar, al estimar que no se acreditó una presunción suficiente de participación en los delitos investigados. “No advierte el Tribunal en qué momento se puede atribuir a este particular la existencia de algún engaño; es el precio que se ofertó y que se había ofertado antes. No existió una especie de acuerdo con las personas del GORE para inflar este precio con el objeto de defraudar”, precisó la magistrada.
Los empresarios Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y el abogado Luis Gastón Yver, también formalizados en el marco de esta causa, quedaron con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación.
En concreto, el caso da cuenta de un presunto fraude al Fisco, tras la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo para la creación de un centro deportivo en el sector denominado San Ramón por más de $9.800 millones, pese a que el valor real de estos no superaría los $4 mil millones. La intención era suplir la carencia de espacios deportivos tras la construcción del Hospital de La Serena.
Pese a que Contraloría rechazó cuatro contratos para la compra que pretendía realizar la otrora intendenta, Lucía Pinto, de igual manera ingresó en una notaría de la ciudad un nuevo contrato sin que este pasara por Contraloría y su “toma de razón”, por el abultado monto, lo que determinó una investigación del Ministerio Público.
